Esta información fue aportada por la Defensora Delegada en la entidad larense, Elba Yris Rodil, en el marco de la presentación del programa: “Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos: Comunidad Penitenciaria”, actividad que se desarrolló en el Auditórium de Enelbar el pasado viernes 11 de abril.

El acta contempla la constitución de una Comisión Promotora Regional, la cual ofrecerá el apoyo necesario para la conformación del Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos, instancia de articulación y participación que permitirá el acercamiento y trabajo cara a cara entre la sociedad y el Estado, para alcanzar sistemática y progresivamente la conquista de los Derechos Humanos.

Entre los temas del sistema penitenciario a tratar destacan las garantías procesales, la infraestructura y servicios públicos, la atención socioeducativa y socioproductiva, así como la infraestructura y los servicios públicos.

Otro compromiso reflejado en el acta es la incorporación activa y protagónica de los internos e internas y sus familiares a través de los Comités de Familiares, así como de miembros de los Consejos Comunales adyacentes a los establecimientos penitenciarios, a los proyectos que se ejecutarán orientados a mejorar las condiciones de vida de los larenses.

En el evento estuvieron presentes la presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Lara, Yanina Karabín; el director del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental, Alexander Godoy; la presidenta del Instituto Regional de la Mujer, Belkis Gómez y los diputados de la Asamblea Nacional Honorio Dudamel y Pedro Colmenares.

Asistieron, además, representantes del Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren, Gobernación de Lara, Guardia Nacional, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia, Consejos Comunales, Policía, Cicpc, Sunacoop, Fundela, Iuetaeb, Inces, Alcaldía de Palavecino, Consejo Estadal de Atención a las personas con discapacidad, Iglesias Evangélicas y Católicas.

Cabe destacar que antes de la suscripción del acta, Indira Farías y Carlos Molina, de la Defensoría del Pueblo, hicieron un análisis previo de la situación actual del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental y del programa “Comunidad Penitenciaria”.