El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en sesión extraordinaria, definirá este viernes en Washington una posición final sobre la situación política y social que atraviesa Bolivia causada por la consulta separatista impulsada por la oposición del departamento de Santa Cruz para el 4 de mayo.

El secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Dante Caputo, manifestó el miércoles pasado que la jornada de hoy es muy importante porque “se manifestarán posiciones y proposiciones para salir de esta situación”.

En una reunión que mantuvo con los prefectos opositores Rubén Costas, de Santa Cruz, y Manfred Reyes Villa, de Cochabamba, Caputo les pidió no dar margen a la violencia en el país y exhortó a que las cuestiones humanitarias sean prioridad y que las gestiones para encontrar soluciones a la coyuntura boliviana debieran ser más rápidas.

En su visita, la OEA llamó al gobierno del presidente Evo Morales y a los prefectos de la llamada zona de la “media luna” (sureste del país) a acercar posiciones para reiniciar el diálogo y evitar la confrontación, pero la oposición se negó.

Una muestra de esto, la dio el segundo vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Roberto Gutiérrez, que ayer aseguró que ese departamento entablará un diálogo con el Ejecutivo, pero luego de la consulta calificada de ilegal por organismos nacionales e internacionales.

Ayer, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y la Sociedad Civil, Sacha Llorenti, reiteró que el gobierno del presidente Morales no hará ninguna acción para impedir la consulta del domingo, porque ésta no tiene un carácter legal ni vinculante.

“De todos modos, como lo han señalado los miembros de la comunidad internacional, en caso de que se registren hechos de violencia y de confrontación, los responsables serán quienes han convocado de manera ilegal, ilegítima e inconstitucional a esa encuesta del 4 de mayo”, enfatizó Llorenti.

La avanzada de la oposición contra el gobierno de Bolivia comenzó en noviembre de 2007, cuando el Congreso Nacional aprobó la Renta Dignidad, un bono para los mayores de 65 años y para cuyo financiamiento utilizó el 30 por ciento de ingresos a las prefecturas por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Esta medida popular recortó las ganancias de los grupos económicos, que a su vez rechazan las medidas gubernamentales de nacionalización del petróleo y la tierra ociosa.