Venezuela respondió con suficiente argumentación ante la representante del gobierno norteamericano, la estrategia que desarrolla para combatir la Trata de Personas en todas sus escalas, de manera de rebatir el señalamiento del gobierno del Presidente Bush, en cuanto a que Venezuela es un país del tercer grupo que no hace nada para combatir este tipo de delito.

La aseveración se desprende, después de oír una entrevista de carácter informal, que se desarrolló en la oficina del viceministro de Seguridad Ciudadana Alcides Rondón, con la técnica Linda Braun, especialista en la lucha contra la Trata de Personas en suelo norteamericano, en la sede del Ministerio de Interior y Justicia

Explica el viceministro, que este encuentro se genera a partir de la calificación negativa que se hace desde la oficina del funcionario norteamericano Jhon Miller, y la gestión de nuestro embajador en USA Bernardo Álvarez, para sacarlos de ese error.

Concluido el encuentro, señala Rondón, “que por intermedio de la señora Braun, el Departamento de Estado podrá enterarse de lo que supuestamente no conocen, o no quedó bien establecido en el informe que nosotros presentamos a la Asamblea Nacional, y que llegó a manos del Departamento de Estado por parte de nuestra embajada en ese país”
.
“Lo que hicimos hoy no fue una relatoría, pero si pudimos conversar sobre la estrategia del gobierno venezolano, de abordar la lucha contra el trafico de Personas, particularmente todas las acciones la estamos desplegando en el ámbito de prevención del delito desde este Ministerio a lo largo y ancho de todo el país, y los contactos que hemos realizado desde hace tiempo con la Cancillería, para tener un conocimiento cabal a través de este Despacho, sobre aquellos casos que pudieran darse donde estuvieran involucrados venezolanos, de cualquier sexo y edad en otros países”.

Agregó Rondón, que tuvo la impresión de una conversación muy cordial, donde la funcionaria norteamericana se fue con una clara visión de que para Venezuela, la Trata de Personas, no es solamente un problema de Seguridad Ciudadana, sino que es un mandato constitucional como lo establece el artículo 54 de la Carta Magna