“Con la reforma constitucional, Venezuela fortalecerá su condición de país campeón en el ejercicio libertad de expresión por parte de toda su población, gracias a que la constitucionalización del poder popular reforzará el protagonismo de toda la sociedad en el hecho noticioso diario, en la generación y divulgación de opiniones sobre los distintos temas de la agenda pública y en la producción de programas de radio, televisión, así como de sitios de internet, periódicos y revistas independientes del Estado y de los grupos económicos”.

Esta afirmación la hizo el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Willian Lara, frente a los planteamientos formulados por Miguel Otero, propietario del diario El Nacional y representante de la Sociedad Interamericana de Prensa, quien se quejó de los supuestos riesgos implícitos en el proyecto de reforma de la Carta Magna, especialmente en lo relativo a las libertades de expresión e información.

Para Lara, las conclusiones a que arribe la “Sociedad Interamericana de Explotadores de Periodistas (SIEP)”, en su próxima reunión en Miami, carecen de entidad, validez y pertinencia por ser un refrito anunciado en el cual se recoge el aquelarre de los capitalistas de la prensa que profesan un odio enfermizo contra la revolución venezolana, “cuyo veneno estará presente en dosis concentradas en el informe que presente Otero en dicha reunión”.

En torno a la denuncia de Otero de que estaría amenazada la propiedad privada con el proyecto de reforma constitucional, el funcionario fue categórico afirmando que “la preeminencia del interés colectivo sobre el interés individual es un principio rector de larga data en el constitucionalismo venezolano, del cual se deriva, con base en la utilidad pública, la práctica de expropiación de bienes, cumplidos los extremos de ley, incluyendo el pago oportuno de la justa indemnización consagrada en la Constitución de 1961, reiterada en la del 99 y mantenida en el artículo 115 del proyecto de reforma que se debate en el país”. 

Negó que el gobierno ejerza presiones sobre cadenas hoteleras que hayan recibido solicitudes de alojamiento por parte de miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa. “Nos resbala la cantaleta de la SIEP. Esa es la mejor demostración de que en el país la libertad de expresión es plena”, agregó el Ministro.