Representantes del sector privado argentino sostuvieron un encuentro con el diputado de la Asamblea Nacional, Alfredo Murga y el embajador de Venezuela en Argentina, Arévalo Méndez Romero, para intercambiar ideas acerca del proyecto de Reforma Constitucional. 

Los representantes venezolanos presentaron la Reforma, haciendo énfasis en la ampliación de la noción de propiedad a diferentes formas como la social, colectiva y mixta para que cada vez más existan propietarios y no sólo unos pocos dueños, sobre todo, de los medios de producción, pero reconociendo y garantizando la privada sobre bienes de uso y consumo, y medios de producción legítimamente adquiridos. 

Señalaron a los empresarios, que el proyecto de Reforma no excluye la libertad ni promoción de la iniciativa privada, pero trasciende la creación y justa distribución de la riqueza establecida en la Constitución de 1999, obligando al Estado a promover el desarrollo de un modelo económico productivo, intermedio, diversificado e independiente, fundado en los valores de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales. 

Se trata de priorizar la satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo venezolano, no estando las unidades económicas limitadas a las del sector privado, sino que el Estado fomentará y desarrollará distintas formas de empresas y unidades económicas de propiedad y/o distribución social. 

La representación empresarial argentina, estuvo a cargo de: Edgardo Caracotche, presidente de la Confederación General de la Industria (CGI); Alfredo Indaco, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Venezolana (Ccav); Alessandro Carlo Evi, presidente de la Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido; Raúl Lamacchia, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA); Francisco dos Reis, presidente de Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) y Horacio Consolo, Presidente de la Asociación de Importadores y Exportadores (Aiera). 

El diputado venezolano señaló que al negar explícitamente la autonomía del Banco Central de Venezuela, el marco constitucional supedita sus funciones a la política económica general y al Plan Nacional de Desarrollo para que no sea un enclave neoliberal distante de las necesidades del pueblo venezolano, y añadió que si bien el manejo de las reservas internacionales de la República seguirá bajo el ámbito del ente emisor, será bajo la administración y dirección del Presidente de la República, estando el monto de las reservas excedentarias, destinado a la inversión productiva, el desarrollo e infraestructura, el financiamiento de las misiones, en definitiva, al desarrollo integral, endógeno, humanista y socialista de la nación. 

Los empresarios ratificaron su confianza en Venezuela como destino de inversión y comercio argentino, advirtiendo la plena comprensión que tienen de los procesos de Reforma Constitucional y constituyentes que se desarrollan en Venezuela, Bolivia y Ecuador, respectivamente. Saludaron en particular la iniciativa de despojar de autonomía al Banco Central de Venezuela, pues esto supone que la política monetaria estará supeditada a la política económica nacional y no a los designios de los poderes financieros transnacionales.