Por: Carlos Ibarra (*)

Para Luisa Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente (Cndna), el proyecto de Reforma Constitucional introducido por el presidente Hugo Chávez ante la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación mediante referéndum popular es un instrumento que amplía la defensa de los derechos de niños y adolescentes. Por esta razón, representantes de este mayoritario sector de la población venezolana han acudido ante el Poder Legislativo con la finalidad de proponer la reducción de la edad mínima para ejercer el sufragio de 18 a 16 años.

“El Cndna apoya la opinión de los muchachos ya que nuestro país es garante de la Convención Internacional de Derechos del Niño y del Adolescente. Además, nuestro Estado, que se ha declarado socialista, reconoce en el artículo 78 de la Constitución Nacional que los jóvenes desde temprana edad son sujetos plenos de derecho habilitados para ejercer la ciudadanía”, expresó Rodríguez.

La máxima representante del Cndna manifestó que si un joven puede ser sancionado a los 12 años por una falta cometida -según la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (Lopna)-, también tiene derecho a solicitar que sea tomado en cuenta y se baje la edad mínima para votar. “Esto nos habla de una adolescencia que está en plena formación, razón por la cual el Gobierno Bolivariano y sus instituciones le ha reconocido el principio de la participación como ciudadanos”, dijo.

Participación juvenil fortalece al poder popular
Rodríguez expresó que la disminución de la edad para votar es un paso importante para el fortalecimiento del poder popular. Como se sabe, la Ley de Consejos Comunales establece que la edad mínima para votar y postularse ante esta instancia de participación política y social es de 15 años. “Vemos con beneplácito el que se haya puesto en la discusión de la reforma este elemento. Creemos que nuestros adolescentes son suficientemente maduros”, opinó.

“Además, hemos tenido la valiosa experiencia de los cabildos y parlamentos infantiles que nos han dejado constancia que, en el presente, el ciudadano venezolano se puede preparar para el ejercicio de la ciudadanía cuando ha sido bien informado desde niño. En los consejos comunales que he asistido -para el asesoramiento de su instalación- he visto adolescentes votando de manera responsable sin dejarse manipular por personas mayores. Tienen criterio propio. Es por ello, que pedimos que se reduzca la edad para que nuestros jóvenes puedan formar parte de un consejo comunal de 15 a 12 años, pues la Lopna establece responsabilidades para los niños a partir de esa etapa de la vida”, señaló Rodríguez.

“Reducción de la jornada laboral propicia calidad de vida familiar”
Un aspecto a resaltar en el proyecto presidencial de Reforma Constitucional es el que se relaciona con la reducción de la jornada laboral, la cual a su entender se traducirá en un mejoramiento de la calidad de vida de los niños y adolescentes. Por esta razón, Rodríguez hizo un llamado a todos los hombres para que no tomen las dos horas y se vayan de fiesta. Este tiempo debe dedicársele a su familia, porque no sólo se trata de la cantidad sino de la calidad del tiempo en la formación del niño.

“La cantidad también dice mucho del amor, debido a que una tarea educativa no puede realizarse en cinco minutos. Dos horas de más fue el tiempo que el presidente Chávez pensó para que las madres y padres se lo consagraran a sus hijos. En consecuencia, habrá más tiempo para la recreación, para la salud y para la formación integral. La reducción de la jornada laboral propicia calidad de vida familiar”, manifestó.

“Distritos funcionales serán de gran utilidad”
Rodríguez subrayó la importancia de los distritos funcionales que propicia el presidente Hugo Chávez en el proyecto de reforma constitucional porque permitirá reagrupar municipios con la finalidad de aunar esfuerzos y recursos económicos para solventar problemáticas determinadas. De igual manera, evitará la dispersión del trabajo de varias instituciones que actuarán e invertirán de manera coordinada e integral.

“Los distritos funcionales serán de gran utilidad porque hay municipios en los cuales se ha invertido mucho dinero y vemos que no se propicia el desarrollo humano. Esta nueva organización territorial facilitará la planificación para que cada ente del Estado deje de trabajar por su parte. Muchas veces, los fondos de las instituciones no llegan al mismo tiempo para una obra o acción determinada. Con la creación de estos distritos se delimitaría no solo la asignación de los recursos sino también las responsabilidades de cada organismo, lo que brindará la oportunidad de salir de la pobreza de manera más rápida”.

Reducción de la pobreza en los últimos años
Rodríguez se mostró optimista al expresar que Venezuela va rumbo a la eliminación de la pobreza. Desde la institución que representa, se han llevado a cabo medidas prácticas para su erradicación. Entre ellas, resaltó las Jornadas de Registro Hospitalario que se han realizado conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Unicef, en casi todos los municipios del país, con la finalidad de otorgar las partidas de nacimiento a los niños desde los mismos centros salud en los cuales sus madres dieron a luz.

“Cumplir con el trámite de la identificación constituía una tragedia para la población de escasos recursos y, a la vez, era uno de los signos de la pobreza. Antes, una mujer extranjera paría y no podía presentar su niño nunca. Desde el 2000, con la entrada en vigencia de la Lopna, eso es posible y su hijo está habilitado para el ejercicio ciudadano. Aún tenemos inconvenientes y los estamos abordando como el caso de las zonas fronterizas. Pero todo esto dejó de ser un problema”, puntualizó Rodríguez.

Así mismo, hizo énfasis en la disminución de la tasa de mortalidad infantil y de los niños en situación de calle que pasó de entre 10 mil a alrededor de dos mil a nivel nacional. “Hemos disminuido el número de infantes en esta condición gracias al Sistema Nacional de Protección integrado por los consejos municipales de derecho y las defensorías, los cuales abordan este tipo de problemas desde la misma localidad”, dijo.

“Además, las alcaldías -según el artículo 178 de nuestra Carta Magna- tienen competencia y responsabilidades con relación al bienestar de la infancia. Con estas instancias del poder constituido hemos estado trabajando de manera coordinada para erradicar la violencia intrafamiliar que genera este tipo de problemas. En tal sentido, las escuelas bolivarianas han sido de gran ayuda para reducir la pobreza y la delincuencia porque los niños permanecen dentro del sistema educativo”.

Prohibición del trabajo infantil
Por otra parte, Rodríguez aprovechó la oportunidad para exhortar a la Asamblea Nacional a que no sólo se reduzca la jornada laboral sino a que se aumente la edad mínima del adolescente para poder ingresar al campo laboral. De acuerdo a la Lopna, la edad requerida para trabajar es de 14 años. La Ley plantea que los niños no están autorizados a trabajar, no obstante existen autorizaciones para que los adolescentes sí puedan hacerlo.

“Hay muchos adolescentes que dirán que se sienten bien trabajando pero a lo mejor no están rindiendo lo que es necesario en la escuela. Y probablemente, sus padres no están asumiendo la responsabilidad frente a la crianza de sus hijos. Pensamos que son los adultos que deben salir a trabajar y no los niños ni los adolescentes. Por supuesto que habrá excepciones, pero la generalidad debería estar orientada al desarrollo humano. Así como un Estado socialista no permite la explotación de los trabajadores adultos tampoco debería permitir la explotación de los jóvenes”.

¿Cómo se haría en los casos de abandono, fallecimiento de un progenitor o de pobreza extrema?
“En esos casos el Estado debe asumir la responsabilidad de la crianza del niño o del adolescente para estimular el estudio y la formación. El trabajo en niños y adolescentes no significa progreso sino la prosecución de la pobreza: es la explotación de los niños por los adultos. Significa restar tiempo para la educación y la recreación”.

¿Qué sucede si un adolescente decide trabajar por voluntad propia y no por obligación?
“No nos oponemos en los casos que haya excepciones. Por ejemplo, cuando un adolescente haya finalizado su bachillerato. Pero el trabajo en adolescentes no puede constituir la norma. Lo ideal sería que los jóvenes se dediquen a estudiar. El Estado tiene que seguir promoviendo programas de inserción familiar y programas de estudio. Todo esto es un planteamiento que hacemos para que la gente la discuta. Sino seguiremos promoviendo la explotación y la pobreza. Pedimos que la edad para trabajar de un adolescente se aumente a 16 años para que dedique más tiempo al estudio y a la recreación”.

¿No cree que este planteamiento de aumentar la edad para trabajar sea utópico si aún existen condiciones de pobreza extrema?
“Puede ser utópico, pero dentro de la construcción de la nueva sociedad no puedo dejar de emitir mi opinión al respecto. Es probable que aún sea un sueño. Pero nosotros vamos a eliminar la pobreza extrema. En la actualidad, estamos dando nuestro apoyo en la elaboración del informe sobre la infancia y creo que Venezuela es el país de la América Latina que más saltos cualitativos y cuantitativos ha dado en todas las áreas sociales. Recientemente, se han integrado 9 millones de niños a la educación básica y esperamos la incorporación de 13 millones de adolescentes en la próxima semana. Para una población de 28 millones de habitantes, tener alrededor del 50% de la población en el sistema educativo formal es un buen síntoma”. 

Finalmente, Rodríguez expresó la necesidad de redimensionar el Programa Nacional de Aprendizaje para el Adolescente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), el cual deberá dirigirse a formar jóvenes para el trabajo productivo. En su opinión, la Misión Che Guevara debería contemplar esta posibilidad. 


(*) cibarra@minci.gob.ve