Por: Emilce Chacón (*) 

El ministro de Educación Superior, Samuel Moncada, nos cuenta qué ha pasado con las deudas de las universidades nacionales en los dos últimos años, de las irregularidades que han detectado en el manejo de los recursos y por qué las deudas en lugar de disminuir siempre iban en aumento.

Los reclamos de las autoridades de las universidades nacionales dan la impresión que lo que les adeuda el Estado nunca disminuye, sino que va en constante aumento ¿Qué es lo que pasa con estas deudas?
“Te voy a decir que es lo que pasa. Las universidades daban cifras monstruosas que yo al principio acepté, pero nos dimos cuenta que nos mentían. Y esto no sólo pasaba en la educación superior, pasaba en todo el Estado. En el caso de las universidades nacionales, sus autoridades nos entregaban una cantidad que representa lo que nosotros llamamos un consolidado, por decir un ejemplo: son 30 millones, y no especificaban a quiénes se les debía, de cuánto tiempo estábamos hablando, en fin, era un monto total, además derivado de sistemas de cálculos diferentes porque cada institución utilizaba el que consideraba. Encontramos que muchas deudas eran infladas y no tenían fundamento”.

Visto el panorama, ¿Cómo abordó el Ministerio de Educación Superior esta situación?
“Decidimos no pagar hasta que entregaran las cuentas claras. Hemos pedido las nóminas de cada universidad y el método de cálculo utilizado, para desglosar las cifras y analizar cómo se justificaban. Decidimos no aceptar los consolidados donde decían son 40 mil trabajadores y me deben tanto. No, dígame Ramón, María, José, con su número de cédula, cuál es el concepto de la deuda, dónde trabaja y cuánto años lleva en ese cargo. En este proceso, la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, envió 15 nóminas con nombres distintos.

Lo primero que empezamos a ver fueron las deudas por homologación. Las normas de homologación vigentes dicen que usted tiene que subir el sueldo en una cantidad equivalente a la inflación de los dos últimos años. Yo llegué en el año 2004. Se tenía que pagar la homologación del año 2002 y 2003. Los cálculos hechos por las universidades indicaban que se les debía 800 mil millones de bolívares por este concepto.

Cuando empezamos a ver lo que teníamos que pagar nos dimos cuenta que había un caos absoluto. No obstante, antes de que yo llegara, es decir, hace dos años, se venía pagando la deuda que ellos indicaban. Pero cuando el Estado daba dinero, no se sabía que hacían las universidades con ese dinero, porque las deudas nunca bajaban y estas instituciones no informaban al Estado a cuántos trabajadores le pagaron ni qué cantidad. Eso era un hueco negro.

Luego de depurar las nóminas, esa deuda la rebajamos el año pasado de 800 mil millones de bolívares a 613 mil millones de bolívares, porque no existía el resto. Posteriormente, con las cuentas claras empezamos a pagar y hasta la fecha por deuda de homologación hemos cancelado todo lo que corresponde a los años 2002- 2003 y en septiembre pague 706 mil millones de bolívares, con lo que cancelé la deuda 2004-2005”.

¿Los errores detectados fueron sólo de cálculo o hay otros factores que han influido para que las deudas se inflen?
“Las universidades nacionales han inventado trabajadores y eso los estamos denunciando en la prensa en las últimas semanas. Te doy dos ejemplos: la Universidad de Carabobo ha dicho que tiene 13 mil 373 trabajadores y cuando revisamos la nómina nos dimos cuenta que solo tienen 10 mil 422. Esto significa que venían cobrando dinero por 2 mil 951 trabajadores que no existen.

Las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV) enviaron una nómina donde indican que tiene 20 mil 216 trabajadores, cuando revisamos cuidadosamente detectamos que en realidad son 18 mil 929. Esto quiere decir que se venía pagando por mil 929 trabajadores que tampoco existen. Con respecto a los cálculos cada quien hacían los suyos, y por lo tanto no había coherencia, ni estas cuentas eran supervisadas. ¿Sabe qué hacían? Agarraban el Registro de Asignación de Cargos (RAC) que es la lista de los puestos de trabajo que tiene una institución, y contaban la deuda como si todos los cargos estuvieran ocupados, pero resulta que algunos no están ocupados por nadie, están vacíos.

Cuando pedíamos la nómina, mandaban el RAC donde dice, por ejemplo, que hay 500 cargos de planificadores, pero cuando pedimos nombres, nos damos cuenta que sólo hay 50 planificadores trabajando. De modo que el Ministerio le debe es a esos 50 no a 500. Le debo a gente no a cargos”.

¿De cuántos trabajadores fantasmas estamos hablando? “De acuerdo con las nóminas enviadas por las universidades hay 111 mil 946 trabajadores en el sector de educación superior, pero la depuración de estas listas indica que en realidad hay 97 mil 596 personas laborando en las 22 instituciones. En consecuencia, son aproximadamente 14 mil trabajadores fantasmas, sumando las 22 universidades nacionales. Todas han incurrido en este error.

¿Cuánto le han costado al Estado estos trabajadores fantasmas?
“Yo en principio pensaba que esto era producto del desorden, pero es algo más que eso, es un sistema creado para beneficiar a los que administran, el que reparte tiene la mejor parte. El caso de la UCV, que nos envió 15 nóminas distintas en los nombres de los trabajadores, cuando le pagamos el 8.5% del Fideicomiso se quedaron con 14 mil 920 millones de bolívares.

En el presupuesto de 2006 han recibido 17 mil 755 millones de bolívares para cancelar a mil 929 trabajadores fantasmas. Ese dinero lo tienen ellos en las cuentas bancarias, por eso cuando pedimos las cuentas se niegan a darlas. Se quedan callados con los sobrantes y no devuelven el dinero. Las universidades nacionales estaban saqueando al Estado, porque además es una deuda que siempre crecía. Todo esto lo estamos publicando en la prensa, y me hago responsable de lo que digo porque no es un chisme, son cifras oficiales.

Hemos tenido casos de un concepto que se llama 8.5% de Fideicomiso que se paga en el primer trimestre del año. Eso lo pagábamos y los trabajadores lo cobraban casi un año después. Incluso tenemos casos, y lo puedo probar, en los que se quedaban con la mitad de ese dinero. Yo pagaba por decir algo 20 mil millones de bolívares y ellos pagaban 10 mil a los trabajadores porque nos inflaban las nóminas. Y nadie preguntaba. Estábamos viviendo en el limbo”.

¿Qué están haciendo ahora para asegurarse de que los montos corresponden a trabajadores reales y que el dinero les llegue en el momento que se entrega y completo?
“Hoy, estas cuentas las siguen haciendo las universidades, pero la Oficina de Planificación del sector Universitario (OPSU) las revisa y verifica si los cálculos están bien hechos y si se ajustan a la fórmula legal. Ahora, verificamos nombre por nombre.

Por otra parte, cada vez que pagamos lo publicamos en la prensa. Explicamos qué estamos pagando, a cuál universidad, en que cuenta y qué cantidad. Si a usted no le pagan en dos días después de la publicación tiene que tomar el rectorado, porque están haciendo algo con ese dinero”.

Ahora bien, ¿Cuál ha sido el impacto económico de esta política de cuentas claras?
“Como resultado de esta política de cuentas claras hemos ahorrado 478 mil millones de bolívares y gracias a ello hemos podido pagar deudas que no estaban presupuestadas para este año. Y yo no he pedido un centavo del crédito adicional para pagar deudas que se pensaba que se tenían que pagar dentro de cinco años, porque es el mismo dinero que estaba contemplado en presupuesto inflados por parte de las autoridades”.

La Federación de Profesores Universitarios ha dicho que el Gobierno destruyó el sistema de negociación salarial con este sector. ¿Qué fue lo que cambió en los mecanismos de esta negociación?
“Las normas de homologación las negociaba antes la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv). Ellos negociaban equis número y eso iba en cascada para el resto de los trabajadores. Los obreros y empleados no participaban sino se plegaban a lo que decidía la federación. Ahora, como no les gusta el cambio del sistema porque no tienen el control, la Fapuv se autoexcluyó y este año discutimos directamente con las asociaciones de empleados y obreros. De esas conversaciones, salió el aumento de 46% para los obreros, al resto 40% y a los profesores titulares que son los que más ganan le incrementamos un promedio de 34%.

A los que ganaban menos les aumentados más, y eso hubiera sido imposible de acuerdo con las normas anteriores. Éstas decían que se aumenta más a quien más gana y eso mismo va para todo el mundo, pero eso ahora cambió, porque la justicia social está funcionando. A los de arriba le estamos aumentando, pero le incrementamos más a los de abajo.

Los profesores universitarios dicen que eso elimina su estatus social y qué para que estudiaron si los obreros van a ganar igual que ellos. Los obreros no están ganando ni de lejos igual que ellos, pero estamos tratando de reducir las diferencias. Si usted le da el mismo porcentaje para todos está arruinando al que menos gana y al que más gana le está dando una cantidad proporcional a sus ingresos. Esto es injusto. La Fapuv dice que la tiranía de Chávez destruyó el sistema de negociación salarial, pero cuando analizamos lo que está pasando nos damos cuenta que nunca el Gobierno había sido más justo que ahora”.

¿Cuál era la situación con la deuda de los jubilados?
“El Estado le daba a la autonomía de las universidades el dinero para pagar a sus jubilados y no sabía si el dinero llegaba a ellos o se desviaba. Cada universidad tiene su lista de jubilados. Si usted era amiga del rector cobraba primero, si era enemiga cobraba de último. Si era profesora cobraba de primero, si era obrera cobraba de último. En la Universidad de Oriente la situación llegó a tal nivel de cinismo, que pagaban por orden alfabético. Y de paso tardaba uno o dos años mientas le arreglaban la jubilación.

Otra desviación que encontramos era el adelanto de prestaciones, que todavía ocurre hoy. Hay un decano en Mérida a quien le adelantaron el dinero de sus prestaciones, porque él pidió cerca de 400 millones de bolívares para comprar una casa. Pero hay otra profesora común y corriente que pidió 30 millones de adelanto de sus prestaciones para tratarse un cáncer, y se lo negaron. Esos son los abusos que encontramos y que estamos luchando para erradicar”.

Frente a esto ¿qué ha hecho el Ministerio de Educación Superior?
“Decidimos que las universidades no pagaban más jubilaciones, una decisión que propició algunas marchas hasta la sede del Ministerio para decirme que era un tirano que atentaba contra la autonomía. Resolvimos que en adelante las universidades entregan al Ministerio la lista de jubilaciones y éste le da el cheque directamente al trabajador. Además le vamos a pagar por igual. El único criterio será quién se jubiló primero.

Y así hemos pagado en los últimos dos años las jubilaciones que se debían desde 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y junio de 2006. Estamos al día con el mismo dinero que antes se hubiera perdido porque  no sabían ni cuánto se debía. Ahora le puedo decir que desde hace dos años hemos pagado más de 1.3 billones de bolívares en jubilados”.

¿Cuál será el mecanismo en adelante para evitar que se acumulen las jubilaciones?
“En adelante las personas que se jubilen de las universidades cobrarán su jubilación en tres meses. Antes la gente se moría esperando y no veía la jubilación. Ahora estamos al día y seguiremos estándolo. Por supuesto que la rapidez también dependerá de que la universidad envíe la información al día.

Estamos luchando contra la corrupción y esto es un bien y un fin en sí mismo que tiene ventajas que no se discuten, porque beneficia a todos. Ese dinero que no se desvió permite cancelar más rápido y correctamente a los trabajadores. Estamos haciendo justicia social y al mismo tiempo depurando el sistema”. 


(*) echacón@minci.gob.ve